Diseño estatizado
El diseño de información tiende a la estatización. Que vea en los servicios estatales un nicho de mercado es común: salud, defensa, educación, recaudación, administración, comunicación. La señalética en las portadas de los journals; el ejército como gran mecenas para la investigación (del diseño de información); los diseñadores de formas fiscales como rockstars del diseño; y la operación a gran escala, multidisciplinaria, piramidal y con grandes dosis de investigación como modelo a seguir, son algunas de las señales de la estatización del diseño. Fuera del Estado (y del Presupuesto), es difícil encontrar proyectos que permitan operar como la teoría manda: reuniones, investigación, rondas de propuestas, pruebas, ajustes, rediseño, publicación de resultados, reconocimiento académico. (La imprenta y el Internet son grandes opciones de mercado para el diseño de información en el sector privado, pero el presupuesto no suelen ser tan grande como en el Estado.)
Dejar a los ambiciosos comerciantes para servir al bienintencionado Estado puede ser benéfico para el diseñador y la sociedad, siempre y cuando se trate de un estado democrático, donde el ciudadano es cliente y beneficiario; trabajar para estados autocráticos, aunque vean por el bien común, es reaccionario: es poner la palabra y la imagen (y el diseño) al servicio del poder, no de la sociedad. (La relación entre diseño y poder es un tema que los historiadores del diseño han dejado para después.)
Bajo esta corriente estatista, sorprende la poca cobertura (académica) a uno de los servicios más importantes del Estado: el gobierno mismo. Si en la democracia el poder fluye de la base a la punta, el diseño de información tiene un nicho de mercado en el proceso de transmisión de poder, en el que los ciudadanos puede otorgarlo o removerlo, evaluarlo, penalizarlo o premiarlo, e incluso administrarlo como servidores públicos. Ya existen algunos productos, pero el mercado da para más.
Diseño y elecciones
Participar en la creación de boletas electorales, credenciales para votar y guías para funcionarios de casilla, es menos probable que ser elegido diputado federal. En la parte más alta de la pirámide estatal, los diseñadores son pocos (exclusivos y excluyentes); el grueso se encuentra a la mitad, junto a las instituciones patrocinadas por el Estado: los partidos políticos, las universidades, los gobiernos estatales y municipales, los grandes sindicatos, y uno que otro poder fáctico.
El diseño que se produce para estas instituciones se impone: al ciudadano de a pie no le gustan las pegatinas de los candidatos; ni la becas para proyectos de “diseño y democracia”; ni las encuestas de si el presidente debe ir al mundial; ni se beneficia de los documentos sobre la democracia (que se publican pero no se venden), ni quiere ver los millones de spots de televisión durante temporada electoral. Pero quiera o no, tiene que sufrirlos (y pagarlos). Deseables o no, aquí se producen documentos importantísimos para la democracia: las estadísticas de la UNAM, los reportes del INEGI, la rendición de cuentas al IFAI, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Diario Oficial de la Federación, signos vitales de la democracia, pero (comúnmente) inaccesibles para el ciudadano (que no saber leer, que sabe pero no entiende, que entiende pero no puede conseguirlos). Cada uno de estos textos puede ser modificado por diseñadores de información para que lleguen a más personas (en tanto comprensión y disponibilidad). Que estas iniciativas vivan del presupuesto Federal (al igual que las instituciones que las producen) puede tener el mismo problema que trabajar para una empresa privada: puede haber limitantes de lenguaje, de información, corporativismo académico y dependencia absoluta del presupuesto (sin la lana nadie teje).
Los servicios (de diseño) estatales, como su nombre lo indica, tienen como requisito tener una relación comercial con el Estado; operar como freelance en la señalética de carreteras, el diseño de formas fiscales o la capacitación del ejército sin tener alguna relación comercial con el Estado es absurdo. Los espacios son pocos, pero los presupuestos, el reconocimiento y la visibilidad son altos. El principal problema de operar a este nivel es el despilfarro inherente a la administración de cualquier Estado. (El mismo David Sless ha calculado que la mitad del tiempo para un proyecto se va en “política”, permisos, negociaciones y trámites.)
Trabajar para la base
Otra opción es operar desde la base y para la base: aprovechar los documentos que se producen con grandes presupuestos, y convertirlos en productos de diseño independientes para el mercado de opinión, que no da becas, ni asegura ventas, ni críticas favorable, pero que por lo menos asegura la libertad de operación (hasta donde el presupuesto y la libertad de expresión lo permitan).
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